Investigadores del CONICET, FLACSO y otras instituciones elaboraron una guía de recomendaciones para la discusión y confección de un protocolo para las instituciones de salud de la Argentina. La propuesta refiere a la asignación de los recursos sanitarios requeridos durante la atención de la COVID-19, como respiradores y camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Según un artículo publicado en el sitio web de la Universidad de San Martín, la guía fue producida por once investigadores que se enmarcan en el área de la bioética y provienen de diversas disciplinas, tales como la filosofía, el derecho y la medicina.

El grupo se formó específicamente para la elaboración del documento a partir de la convocatoria de Eduardo Rivera López, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF–SADAF/CONICET).

En una entrevista con la agencia TSS, Sol Terlizzi, investigadora de FLACSO y miembro del equipo, explicó que en Argentina todavía no existe un protocolo nacional sobre la asignación de recursos sanitarios en el marco de la pandemia.

“El Ministerio de Salud elaboró unas guías que nosotros tuvimos en cuenta para hacer las recomendaciones. La idea es que nuestro documento sea un insumo más para ese debate”, señaló la profesional.

Por este motivo, la especialista destacó que resulta importante que desde el Estado se elabore un protocolo único para todas las instituciones, en pos de garantizar la justicia, imparcialidad y transparencia en las decisiones.

Resguardo legal para profesionales de la salud

El grupo de investigadores propone que ese protocolo, antes de su emisión, sea discutido públicamente.

La importancia del debate abierto radica en que crea una protección jurídica para las y los profesionales de la salud que deben tomar decisiones en situaciones extremas.

Para evitar que la toma de decisiones y las implicancias morales y éticas que conllevan recaigan sobre los profesionales de la salud de forma individual, sugieren que exista un comité de ética que se encargue de evaluar determinados casos.

Esta comisión debería estar formada por personal de la institución que no tenga contacto directo con aquellos que sean posibles candidatos para beneficiarse con los recursos. Asimismo, debería garantizar diversidad en materia de disciplinas, género y edad.

De esta manera, los profesionales de la salud involucrados en la atención, realizarían una evaluación clínica de las personas con COVID-19 y entregarían los informes al comité, en el cual sus miembros, sin conocer las identidades de estos pacientes, deberían decidir la asignación de los recursos y realizar un monitoreo constante para evaluar los cambios en sus estados de salud.

Las decisiones del comité de triaje deben quedar asentadas en las historias clínicas y darse a conocer a los pacientes y/o sus familiares o representantes.

Criterios para la toma de decisiones

Aunque destacaron que sus recomendaciones se encuentran abiertas al debate, a la hora de elaborar la guía, los investigadores consideraron varios criterios.

En primer lugar, ponderaron el de maximizar la cantidad de vidas salvadas.

En segundo lugar, desestimaron el sistema de puntaje en el que se enaltecen parámetros como expectativa de vida a corto y largo plazo, y la edad.

Este último parámetro, arguyeron, solo es recomendable como criterio de discernimiento entre pacientes geriátricos y pediátricos, pues existe una diferencia muy significativa entre la expectativa de vida a largo plazo.

También discutieron si era mejor usar el criterio de orden de llegada o recurrir a un método aleatorio (sorteo), ante lo cual consideraron que es preferible la segunda opción.

Otro principio que analizaron fue el de vulnerabilidad social. Este punto refiere a que personas en situación de pobreza, minorías de género o pueblos originarios, entre otros grupos, suelen ser más propensas a tener patologías previas por falta de acceso a la salud.

Por ello, se podría considerar que deberían ser compensadas a partir de una cierta prioridad en la asignación de recursos escasos. Sin embargo, sostuvieron que debe prevalecer el principio de igualdad de todas las vidas.

Por otro lado, contemplaron la posibilidad de otorgarle prioridad al personal de salud, debido a su exposición y participación en la lucha contra el coronavirus.

El argumento es instrumental, pues sostienen que este personal es escaso y su recuperación implica la posibilidad de atender a una mayor cantidad de pacientes.

Asignación de recursos sanitarios

Los investigadores clasificaron las decisiones en dos grandes grupos: el de asignación de recursos, por un lado; y el de reasignación, por el otro.

A su vez, plantearon una clasificación estándar en tres tipos de pacientes, divididos en grupos de colores: rojo, amarillo y azul.

Dentro del grupo rojo se encuentran los pacientes que tienen una alta probabilidad de sobrevida con un recurso. En el amarillo la probabilidad es un poco menor y en el azul es muy baja.

En el caso de existir más de un paciente de la misma categoría para un mismo recurso, la asignación deberá decidirse mediante un método aleatorio.

Es necesario considerar que dentro de un centro de salud también se encuentran pacientes con otras patologías diferentes a la COVID-19. Lo cual también repercutirá en la asignación de recursos.

En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud plantea que no deben quitarse los recursos de necesidad urgente asignados a otras enfermedades graves.

Por eso, es preciso comunicar al público los criterios y las justificaciones utilizadas de una manera transparente y detallada.